La sangre mancha a diario nuestras calles, diarios y televisión, los noticieros de fin de semana se hacen desde las salas de urgencia o desde las salas de guardia de los cuarteles policiales, donde humildes panameños se debaten entre ser víctimas o victimarios. En este drama, junto al término política criminal, sobresale el concepto de seguridad ciudadana, como un momento que se aspira a lograr.
Con la seguridad ciudadana se busca proteger los bienes jurídicos de los miembros de un colectivo social, protegerlos de las acciones cometidas por individuos de ese colectivo social, acciones que son consideradas por el Derecho Penal como típicas y antijurídicas.
Así, las instituciones del Estado encargadas de establecer las leyes, deciden qué conductas son delictivas y cuáles no, cuáles son consideradas graves y cuáles leves. Cabe preguntarse en este punto, ¿las instancias encargas de legislar, representan los intereses de la mayoría del colectivo social?
Estas instancias muchas veces confunden el concepto amplio de seguridad ciudadana, con el de “seguridad nacional” concepto que estuvo en boga entre las élites sociales y las cúpulas militares latinoamericanas entre los años ’60 y ’80 del siglo pasado. La doctrina de seguridad nacional hace énfasis en la defensa del status quo explotador y represor, y coloca como sujeto activo de las conductas delictivas al denominado “enemigo interno” o sea, a todo aquel que se oponga al dominio del poder dominante.
Esa doctrina tiene sus ecos en las actuales leyes antiterroristas que buscan criminalizar la protesta social y la militancia política revolucionaria comprometida. Casos recientes en Centroamérica los vemos en El Salvador donde una decena de mujeres están siendo procesadas por terrorismo, por oponerse activamente en las calles a la privatización del servicio público del agua o en Panamá, donde las víctimas del sicariato sindical y de la represión gubernamental son los procesados por el sistema de justicia, mientras que se promueve la impunidad de los agresores.
La seguridad ciudadana en Centroamérica, incluido nuestro país, se ha debatido entre dos posturas, ambas de las clases dominantes gobernantes. Por un lado, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional contra los actores políticos revolucionarios y por otro lado la represión pura y dura contra la delincuencia que pulula en los barrios marginales de nuestras ciudades.
Aplicación de medidas y operativos como “Mano Dura”, “Súper mano Dura” y “Tolerancia Cero” donde se realizan acciones contra los sectores populares, se aumenta el hacinamiento de las superpobladas cárceles y nada se hace sobre las razones profundas que provocan la criminalidad.
Estas acciones son avaladas y aplaudidas por los medios de comunicación empresariales cómplices, que crean opinión pública favorable hacia medidas que no atienden el fondo del problema.
La aplicación de esta política criminal que no contribuye a la seguridad ciudadana, es reflejo del carácter clasista del Estado dominado por la burguesía empresarial, que ve la pobreza y la marginación como algo tan natural, como la noche y el día. Del mismo modo, las clases dominantes gobernantes han criminalizado la pobreza, las cárceles están llenas de pobres, de barrios marginales y campos, que han sido llevados a esa situación miserable, por la aplicación despiadada de la política económica capitalista.
Según el capitalismo, todos ganamos, los que poseen los medios de producción y se quedan con las ganancia de decenas, cientos o miles de trabajadores; y también ganamos los millones de trabajadores que sólo tenemos para ganarnos la vida, nuestra fuerza de trabajo. Por lo tanto, según los agentes de este sistema injusto y socialmente insostenible en el tiempo, todo aquel que delinque, lo hace simplemente porque es un inadaptado social, lo hace por su voluntad, nada tiene que ver el entorno social en que ese individuo se ha desarrollado.
Partiendo de una perspectiva revolucionaria, todos los individuos, somos producto de nuestra experiencia, la cual esta condicionada por el entorno social en que hemos crecido, eso explica primeramente, porque las posibilidades de los y las pobres de llegar a ser procesados y condenados judicialmente es mayor.
Seguidamente, los encargados de establecer las conductas típicas y antijurídicas en nuestro Derecho Penal, los diputados, son parte del engranaje político explotador de las clases dominantes. Por lo tanto, los delitos cometidos por los pobres serán perseguidos y condenados con mayor severidad, mandando a sus infractores directo y sin escalas a las prisiones que no reúnen medidas mínimas que protejan los Derechos Humanos; mientras que los denominados delitos de cuello blanco, son tratados de manera leve y dejando puertas legales de escape a sus infractores. ¿Cuántos politiqueros o empresarios corruptos pueblan nuestras cárceles? ¿Cuántos asesinos de la dictadura militar y sus cómplices civiles han pagado por sus crímenes contra el pueblo panameño?
Si la burguesía empresarial tiene el control económico y político, es natural que las leyes estén hechas a su medida, mientras que el pueblo pobre y trabajador, va al paredón, víctima de la delincuencia común, de la persecución de fiscales y ejecución de los tribunales.
Algunos sectores autodenominados progresistas, ven en la protección de la seguridad jurídica, la panacea que dará una seguridad ciudadana integral. Creemos, que los y las pobres no tienen las medidas mínimas para hacer frente a los procesos penales presentados en su contra. Mientras los y las integrantes de las clases dominantes tienen a su disposición los mejores abogados que puede ofrecerles el mercado local, los y las pobres sólo cuentan para su defensa con las defensorías de oficio, y los mismos muchas veces están condenados antes de ser procesados, por los medios de comunicación que hacen negocio con la tragedia de los marginados.
El tener un sistema judicial eficiente, reduciría la situación deplorable que viven los y las pobres frente a los sistemas judiciales, pero de ningún modo reducirían los niveles de criminalidad, tan sólo darían una mayor certeza sobre la exactitud de la condenas.
Otra medida que puede ser un paliativo eficiente, es la creación de sistemas penitenciarios que verdaderamente tengan como objetivo la resocialización del procesado o condenado, dividiendo a los detenidos según su condición legal, su peligrosidad, estableciendo tareas productivas a los reclusos, colocando custodios civiles, entre otras medidas tendientes a preparar al individuo para una vida en legalidad.
Estas medidas son incompletas, pues el sujeto al volver a su entorno social vuelve a encontrarse con situaciones de marginación y pobreza que inicialmente lo llevaron a delinquir y a ser privado de su libertad.
De igual forma, las medidas represivas, incluidos los aumentos de pena, poco ayudan a disminuir la delincuencia, como ya se ha comprobado en muchas sociedades que tienen la pena de muerte.
La pobreza y sobre todo la marginación, son los detonantes de delincuencia y de la inseguridad ciudadana, en una sociedad que vive normalmente con la injusticia social, será también normal el crecimiento de la violencia común, estatal y política, la respuesta contundente de los movimientos progresistas y revolucionarios frente a esta problemática, debe ser la transformación de nuestra sociedad, crear una sociedad que satisfaga las necesidades básicas de todos los individuos, justicia, educación y salud igual para todos.
-Luis Calvo Rodríguez
Publicado en Kaos en la Red
Corría la noche del lunes 6 de junio el 2005, los cinco miembros de la dirección del grupo estudiantil debatíamos que acción concreta deberíamos programar para el día siguiente. La discusión se centro en dos propuestas, en la primera nos planteábamos hacer un cierre definitivo de la vía interamericana, como medida de presión contra la Ley 17 de la muerte; la otra propuesta era hacer un cierre intermitente, con repartición de volantes a los transeúntes.
